La profunda crisis del sistema de justicia penal del país, motivó una radical modificación del ordenamiento jurídico en general, con la reformulación del proceso penal. El cambio incide particularmente en instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, entre otras.

En ese contexto, el 22 de Julio del 2004 se promulgó el nuevo Código Procesal Penal mediante el Decreto Legislativo Nº 957. Dicho código está inspirado en los principios de un sistema adversarial, que es acusatorio, oral, público y que garantiza rapidez en los procesos penales, a diferencia del Código de Procedimientos Penales de 1940, que tenía un carácter inquisitivo. El nuevo Código Procesal Penal entró en vigencia desde el 1º de Julio del 2006 en el Distrito Judicial de Huaura.

La implementación del Código Procesal Penal trae consigo un profundo cambio del sistema jurídico penal del país, no sólo porque reemplazará la legislación y la doctrina del derogado Código de Procedimientos Penales el cual estuvo vigente por más de sesenta años, sino el cambio de mentalidad en todos los operadores del derecho como abogados, jueces, fiscales, procuradores, así como de los justiciables, periodistas, etc.

La universidad debe de participar de este gran cambio, es indudablemente la institución llamada a aportar en el campo académico coadyuvando a la mejora de la justicia en nuestro país.